La situación institucional en Paraguay escaló de manera abrupta luego de que Santiago Peña fuera destituido de su cargo por el Senado y quedara formalmente detenido en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza. Tras pasar las primeras horas en su domicilio particular del barrio Mburucuyá en Asunción, el exmandatario debió ser reubicado de urgencia durante la madrugada hacia las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial. Este movimiento de seguridad se concretó a raíz de los graves incidentes y protestas populares registrados frente a su vivienda, donde se vivieron momentos de tensión con represión policial y disparos de balines de goma ante la bronca de los manifestantes.
El proceso judicial que complica al exjefe de Estado apunta directamente al manejo de fondos públicos y al escándalo financiero desatado por la caída de Ueno Bank. La investigación fiscal también recae sobre otras figuras clave del ámbito económico, como el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, quien se entregó a las autoridades policiales. La causa busca esclarecer las presuntas irregularidades y desvíos de capitales que dinamitaron la estabilidad del sistema y dejaron a miles de ahorristas sin poder retirar sus depósitos, generando un fuerte cimbronazo en todo el arco político del país vecino.
Frente a este escenario judicial adverso, desde el entorno del dirigente político aseguraron que dará la cara ante la Justicia para responder por los cargos que se le imputan. En medio de este panorama de máxima tensión institucional, Santiago Peña fue citado a declarar formalmente este sábado ante la sede del Ministerio Público en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Allí deberá comparecer para ejercer su derecho a la defensa y enfrentar los cuestionamientos sobre su presunta responsabilidad en el caso que precipitó su caída del poder y reconfiguró por completo el escenario político paraguayo.