Marcela Pagano puso el foco en las contrataciones de oficinas públicas y exigió explicaciones detalladas sobre un masivo acuerdo de arrendamiento de equipos de impresión. La movida apunta directamente a dilucidar el destino y los montos destinados a unas 30.000 máquinas que habrían sido repartidas en distintas dependencias estatales, un volumen que genera interrogantes en plena época de digitalización administrativa.
Las miradas se concentran en los convenios rubricados con la firma TNGROUP SA, propiedad de Alejandro Trasmonte. De acuerdo con los datos ventilados en la investigación, el esquema financiero expone una llamativa asimetría entre lo que cuesta alquilar un equipo y lo que sale comprarlo de manera directa. Mientras destinar una máquina al régimen de locación demanda unos 2,4 millones de pesos anuales por unidad, adquirir un aparato nuevo en el mercado ronda los 1,4 millones de pesos, una diferencia que encendió las alertas sobre el uso de los recursos públicos.
Los números históricos de la prestataria también muestran un salto exponencial en su facturación. Los registros indican que la compañía acumuló pagos por 29.750 millones de pesos desde 2017 —cifra que actualizada a valores recientes treparía a unos 110.900 millones—, con la particularidad de que solo durante 2025 percibió cerca de 21.412 millones de pesos. Dicha erogación se canalizó mayoritariamente a través de un acuerdo marco habilitado por la administración de Javier Milei, lo que motivó a la legisladora a reclamar expedientes, inventarios, comprobantes de pago y auditorías para transparentar cada una de las transacciones.