Las distintas terminales del peronismo comenzaron a debatir alternativas económicas con vistas a un eventual regreso al poder, enfocando sus principales esfuerzos en la situación financiera de la población. Referentes de la fuerza opositora reconocen por lo bajo que la sociedad demandará respuestas rápidas si logran imponerse en las urnas frente a Javier Milei. Por este motivo, equipos técnicos y dirigentes evalúan medidas de aplicación inmediata destinadas a recuperar el poder adquisitivo durante los primeros cien días de gestión.
Dentro de las propuestas que circulan en los encuentros partidarios se destaca un esquema focalizado en aliviar las obligaciones financieras de los sectores más golpeados por la crisis. Entre las ideas analizadas figura la posibilidad de que el Estado intervenga en la compra de deudas de los sectores medios y populares, evaluando que estas operaciones se realicen a una fracción estimada del cuarenta por ciento de su valor original. Los impulsosores de esta iniciativa sostienen que dicha maniobra no demandaría un esfuerzo fiscal desmedido y podría extenderse incluso a compromisos considerados de riesgo medio.
El diseño de esta estrategia económica responde a la urgencia que percibe la dirigencia opositora de mostrar resultados tangibles desde el arranque de un hipotético mandato. La lectura predominante en el espacio es que el margen de tolerancia social será sumamente acotado, lo que obliga a preparar herramientas financieras y de recomposición de ingresos con suficiente anticipación para evitar frustraciones en el electorado.