Una nueva tensión interna sacudió por completo a la máxima instancia judicial del país tras confirmarse que el magistrado Carlos Rosenkrantz mantuvo una postura firme en contra de convalidar el régimen vinculado a la compra de campos por parte de extranjeros. Las diferencias de criterio entre los integrantes del tribunal respecto a la desregulación fijada por el Poder Ejecutivo generaron un bloqueo en la toma de decisiones, obligando a poner en marcha un mecanismo excepcional.
La parálisis en el tratamiento de una medida cautelar clave sobre la propiedad rural obligó a realizar un sorteo para incorporar a dos conjueces suplentes, recayendo la designación en los jueces Diego Barroetaveña y Manuel Pérez Curci. Esta intervención se debió a que la falta de un acuerdo unánime entre los miembros titulares impidió alcanzar la mayoría necesaria para emitir un pronunciamiento sobre el expediente que cuestiona la eliminación de los límites normativos.
Fuentes del ámbito tribunalicio señalaron que el trasfondo de este freno se vincula con diferencias de criterio profundo sobre cómo resolver el planteo judicial que intenta frenar los efectos del decreto desregulatorio. Mientras la discusión técnica sigue su curso en medio de un escenario político y gremial sumamente vigilante, la incorporación de los magistrados suplentes busca destrabar el expediente y definir los pasos a seguir en torno al control de las tierras rurales.