El debate parlamentario por la validez del megadecreto 70 cobró un nuevo impulso en el Congreso tras la reactivación de los cuestionamientos sobre la venta de tierras a extranjeros. Diversos espacios de la oposición parlamentaria encendieron las alarmas al sostener que la desregulación en este ámbito afecta directamente la soberanía territorial y el patrimonio de la Argentina. Frente a este panorama, los bloques opositores resolvieron unificar fuerzas con el objetivo de reunir los 129 legisladores necesarios para alcanzar el quórum y dar de baja la normativa de manera definitiva en la Cámara de Diputados.
Los referentes del espacio opositor reconocen que el conteo de votos resulta ajustado debido a las complejas negociaciones que el Poder Ejecutivo mantiene con los mandatarios provinciales. Por este motivo, la estrategia de las bancadas promotoras del rechazo apunta a respaldarse en la movilización ciudadana y la visibilización pública. «A partir de este martes, el oficialismo comenzará a mostrar sus cartas y la oposición enfrentará el desafío de mantener el tema candente en la opinión pública para fomentar la movilización social», señalan en los pasillos del Palacio Legislativo para argumentar la importancia del respaldo social en las calles.
A la discusión sobre el patrimonio nacional se le sumó la polémica por las propuestas oficiales orientadas a conceder la ciudadanía mediante instrumentos de inversión financiera. Esta iniciativa provocó duras críticas de dirigentes peronistas como Florencia Carignano, quien advirtió en sus redes sociales sobre los riesgos internacionales de estas medidas: «La Unión Europea ya había advertido que de suceder esto, impondría un visado a los argentinos, porque nacionalidades que hoy no pueden entrar sin visa a Europa, lo podrían hacer comprando nuestra ciudadanía».
Por su parte, las autoridades nacionales prefieren mantener la cautela y confían en la solidez de sus acuerdos políticos con los gobernadores para neutralizar el intento de derogación. Mientras tanto, las bancadas opositoras confían en que la confluencia entre el reclamo por los recursos estratégicos del país y las distintas movilizaciones sociales terminen volcando la balanza en la votación final.