La Corte Suprema de Justicia de la Nación debió salir a precisar el alcance de su reciente resolución en torno a la normativa que regula la posesión de campos por parte de capitales extranjeros, en medio de fuertes cuestionamientos políticos generados tras el fallo. Desde el tribunal señalaron de manera taxativa que la decisión adoptada se limitó estrictamente a una cuestión de carácter procesal y aclararon que en ningún momento se expidieron sobre la validez constitucional del régimen impulsado por el Gobierno.
Ante la repercusión y el revuelo que provocó la medida, los magistrados puntualizaron que el dictamen no clausura la discusión de fondo sobre la derogación de las limitaciones originales dispuesta por el oficialismo. En esa misma línea, remarcaron que cualquier ciudadano o interesado que considere afectado sus derechos o cuestione la legalidad de la medida puede acudir a la justicia mediante una presentación individual para solicitar una medida cautelar, abriendo así la puerta a futuros planteos en los tribunales inferiores.
Con esta aclaración formal, el máximo tribunal buscó bajarle el tono a las críticas opositoras y despejar dudas respecto a supuestos avales definitivos a la política territorial de la administración central. De este modo, la discusión judicial sobre el futuro de los recursos y la propiedad rural continúa abierta, a la espera de que los jueces federales de primera instancia analicen los nuevos amparos que puedan presentarse en el fuero contencioso.