El bloque de la Unión Cívica Radical decidió frenar un punto clave del proyecto conocido como ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por Santiago Caputo. Los diputados del espacio, encabezados por Pamela Verasay y Lisandro Neri, adelantaron que rechazarán el apartado que fija duras penas de prisión para quienes realicen acciones destinadas a manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación. Desde la bancada aclararon de forma tajante que no van a votar ninguna iniciativa que perjudique o persiga la labor de los periodistas.
Ante este panorama de resistencia parlamentaria, el oficialismo debió mover fichas rápidamente. Por instrucciones del asesor gubernamental y en acuerdo con Martín Menem, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, tuvo que concurrir al palacio legislativo para intentar encauzar las negociaciones con los bloques aliados y desactivar el conflicto antes de que el expediente comience a tratarse en las comisiones de la Cámara baja.
La discusión central gira en torno al alcance de la normativa, la cual fue cuestionada por distintos sectores opositores debido a las amplias facultades que otorga y al temor de que se utilice para cercenar la libertad de expresión. Con el correr de las horas, la funcionaria mantuvo encuentros con referentes de la cámara para escuchar los reclamos de los legisladores, quienes también advirtieron sobre otros puntos complejos del texto oficial, logrando que el Ejecutivo admita la necesidad de revisar los puntos más resistidos del proyecto.