El gobierno nacional decidió intervenir de forma drástica la residencia presidencial de Olivos y apartar a la planta de trabajadores civiles que cumplía funciones allí. La medida se concretó luego de que salieran a la luz supuestas maniobras de corrupción vinculadas a compras sobrefacturadas, entre las que se destacó una adquisición de carne superior a los 500 millones de pesos. Estas irregularidades salpicaron de lleno al entorno de la Secretaría General de la Presidencia y derivaron en un fuerte cortocircuito político puertas adentro de la administración libertaria.
Para tomar el control de la situación y reorganizar las instalaciones, Javier Milei designó al coronel Fernando Tereso, quien se desempeña como segundo jefe de la Casa Militar. Su cometido central consiste en reemplazar de manera paulatina al personal desplazado por uniformados que asumirán tareas operativas cotidianas, desde la cocina hasta la jardinería. La decisión llegó acompañada de un clima de extrema tensión interna, marcado por versiones de enojo presidencial y por el temor de los efectivos castrenses asignados a quedar en medio de disputas domésticas imprevisibles.
Las dudas sobre el manejo de fondos públicos también incluyeron denuncias previas por millonarias contrataciones de mantenimiento y jardinería, así como la utilización de testaferros para facturar servicios al Estado. Ante este panorama de desorden generalizado, la administración optó por blindar el predio y dejar la gestión interna en manos de la estructura militar. Sin embargo, las fuerzas armadas observan con recelo esta nueva responsabilidad debido a la exigencia diaria de responder a las demandas del mandatario.