El ex funcionario Manuel Adorni entregó un escrito extenso en los tribunales federales con la intención de responder a los cuestionamientos sobre su situación económica reciente. La presentación judicial abarca un período analizado desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2026, etapa en la cual la fiscalía había detectado ciertas diferencias numéricas que no cerraban del todo y un incremento patrimonial que llamó la atención de los investigadores.
En el documento presentado ante el juez Ariel Lijo, la defensa sostuvo que los movimientos económicos del grupo familiar tienen un respaldo lógico y comprobable mediante la documentación correspondiente. Según los cálculos expuestos en el texto, las diferencias económicas detectadas representan apenas un porcentaje menor frente al total de los ingresos declarados, restándole dramatismo a la supuesta desproporción señalada inicialmente por el Ministerio Público Fiscal.
Uno de los ejes centrales de la respuesta giró en torno a las operaciones con criptomonedas y la tenencia de dólares que la justicia había puesto en duda. Sobre este punto, los abogados explicaron que las inversiones en bitcoins se realizaron años antes de asumir en la función pública y que la venta paulatina de esos activos digitales permitió obtener los fondos necesarios para afrontar distintos gastos y adquisiciones inmobiliarias.
Para respaldar la legalidad de los fondos, la defensa aclaró que las billeteras virtuales utilizadas registraron movimientos intensos entre 2014 y 2018, quedando totalmente vacías desde entonces. De esta manera, el ex funcionario buscó demostrar que el dinero utilizado en los últimos años proviene de la conversión de un capital acumulado mucho antes de llegar a ocupar cargos en el Estado.