Las tensiones en el Congreso sumaron un nuevo capítulo luego de que se abriera un fuerte debate por los cambios presupuestarios vinculados al área de discapacidad. La decisión de la administración que encabeza Javier Milei de incluir modificaciones profundas en el proyecto de gastos generó un fuerte cortocircuito con los bloques aliados y encendió las alarmas entre los legisladores. Ante este escenario, la bancada oficialista en la Cámara de Diputados debió sentarse a negociar de urgencia para redefinir su estrategia y buscar un texto alternativo que modere el impacto de los recortes previstos.
La discusión principal gira en torno a la necesidad de establecer criterios más estrictos para el acceso a las pensiones y la modificación en la actualización de los servicios. Desde el sector libertario argumentan la necesidad de ordenar las cuentas públicas, sintetizando que la asistencia debe ir dirigida a “que la cobre el que la necesita”. Sin embargo, la movida original del Ejecutivo contemplaba eliminar artículos clave de la normativa vigente y desregular el sistema de aranceles universales para las prestaciones, lo que desató un rechazo generalizado y obligó al oficialismo a dar marcha atrás con varios puntos para evitar una derrota segura en el recinto.
Por su parte, la oposición mantiene firme su postura de blindar los derechos del sector y presiona para extender la vigencia de la emergencia en la materia. Los legisladores opositores recuerdan que, a pesar de que el presidente Javier Milei había vetado iniciativas previas y de demoras administrativas, los tribunales terminaron obligando al Estado a garantizar las prestaciones. Mientras se define la letra chica del nuevo proyecto que se debatirá en el plenario de comisiones, la puja legislativa refleja los límites con los que choca el oficialismo a la hora de intentar avanzar con recortes drásticos en áreas altamente sensibles sin el consenso necesario.