Una inspección en el terreno de El Pedregoso, el área cercana a Villa La Angostura donde operó la lof Melo hasta mediados de agosto, reveló un cuadro singular: la comunidad indígena mantenía un esquema de comodidades financiado de forma directa por organismos públicos. A pesar de encontrarse en medio de un pleito judicial por la titularidad de los terrenos, los ocupantes contaban con equipamiento energético e infraestructura tecnológica proporcionados tanto por la provincia como por dependencias nacionales.
Dentro del inmueble de 624 hectáreas reclamado por María Cristina Broers, quien desde 2012 impulsó las acciones judiciales de desahucio mientras cumplía con las obligaciones impositivas, se constató la presencia de un sistema de energía fotovoltaica facilitado por el Ente Provincial de Energía del Neuquén. Asimismo, se hallaron equipos de conectividad provistos mediante programas dependientes de Parques Nacionales. Todos estos elementos fueron retirados de la parcela intervenida durante la ejecución de la medida dictada por la Justicia.
Este hallazgo reavivó la controversia sobre el rol de distintas dependencias oficiales que asistieron activamente con suministros e infraestructura a un asentamiento ilegalizado por el fuero civil. Mientras tanto, la resolución del conflicto territorial aguarda el desalojo pendiente sobre la fracción remanente que involucra a la lof Kinxikew y a integrantes de la familia Quintriqueo en esa misma zona precordillerana.