Mar del Plata vuelve a quedar involucrada en un foco de sospechas donde convergen la política, los negocios inmobiliarios sin sustento y trámites financieros fuera de regla. En este caso, el Banco Nación quedó atravesado por una fuerte interna tras el intento de conceder un financiamiento por $52.600 millones a la sociedad Jardines de Chauvín SA. La firma en cuestión se armó recién a mediados de 2024, arroja un estado contable con pérdidas, no registra ingresos reales y tiene como principal accionista a Mariano Jinkis, empresario que admitió haber pagado coimas millonarias en el marco de la causa FIFAgate ante los tribunales norteamericanos.
Las irregularidades en la tramitación del crédito surgieron cuando las oficinas centrales del banco en Buenos Aires intentaron apurar el aval de la Gerencia Zonal Atlántica. Sin embargo, el responsable de esa área, Pablo Pourrere, frenó el avance mediante objeciones técnicas por escrito al remarcar que «la firma no presenta ingresos durante el ejercicio considerado» y que se buscaba computar experiencia previa en obras cuando la empresa ni siquiera existía en esas fechas. La respuesta institucional ante la negativa fue disponer de inmediato su traslado a una dependencia menor en Reconquista, a más de mil kilómetros de su residencia, lo que motivó la intervención del juez federal Bernardo Bibel para frenar la medida mediante un recurso amparo por entender que el castigo «prima facie no se encontraría debidamente fundado en razones objetivas y técnicas».
La estructura detrás del proyecto inmobiliario revela además estrechos vínculos entre el empresariado local y el poder político. El 10% de las acciones de la firma solicitante pertenece a Guido Murgier, quien actúa como garante de la obra prevista para levantar dos torres en la calle Larrea 2850 del barrio Chauvin. Murgier es además titular del local gastronómico Kentucky, firma beneficiada por la administración del intendente Guillermo Montenegro con la concesión de un espacio codiciado en la Plaza España. Esta secuencia de créditos bajo cuestionamiento, hombres de negocios investigados y favores desde la gestión pública refuerza la imagen silenciosa de la ciudad balnearia como un terreno permeable para maniobras financieras opacas.
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Aunque la auditoría interna del propio banco terminó detectando «deficiencias e inconsistencias de carácter técnico y documental» que llevaron a rechazar la carpeta crediticia en mayo, la entidad insiste ante la justicia en que el traslado de Pourrere obedeció a «actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes». Sin embargo, el expediente deja al descubierto cómo la suma de empresarios con suerte llamativa y firmas con papeles frágiles terminan escalando hasta convertirse en un escándalo de repercusión nacional.
La información de este caso surge de un reporte documentado por el periodista Hugo Alconada Mon, quien conoce en detalle y ha investigado por años los nexos entre la política y empresarios con antecedentes polémicos.