Las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las provincias por la reforma electoral entraron en una fase de desconfianza cruzada. Diego Santilli encabeza las conversaciones para apurar la eliminación de las primarias en el Congreso, pero la postura de los mandatarios provinciales frena el avance inmediato. La propuesta de fondo busca sellar un entendimiento mutuo: el apoyo de las provincias a la suspensión de los comicios previos a cambio de que la Casa Rosada despeje las competencias locales para las reelecciones y avale listas acopladas de legisladores.
El principal obstáculo radica en el valor de la palabra oficial. Los jefes territoriales exigen compromisos asentados en el papel debido a la propensión de la gestión libertaria a desconocer pactos informales una vez alcanzados sus objetivos. Como la administración central acumula un recorrido donde los compromisos asumidos de palabra suelen terminar en la nada, desde el interior insisten en la necesidad de contar con firmas estampadas para no quedar desprotegidos frente a futuros armados con listas propias de La Libertad Avanza.
En cuanto a los plazos, existen marcadas discrepancias. Mientras en el entorno de Diego Santilli pretenden liquidar el debate en un lapso breve durante las próximas semanas, varios líderes regionales proponen dilatar la votación hacia los primeros meses del año que viene. Para meter presión sobre los tiempos, desde los tribunales electorales instaron a resolver con rapidez cualquier modificación normativa, buscando esquivar los cuestionamientos internacionales sobre cambios en las reglas de juego durante el mismo periodo en que se vota.
Por su parte, las bancadas provinciales sopesan los costos y beneficios. Los interlocutores del oficialismo presionan advirtiendo que la falta de un entendimiento dejaría a la oposición parlamentaria sin lugar frente al caudal electoral que arrastra la figura de Javier Milei. No obstante, las sospechas persisten sobre las verdaderas intenciones del gabinete libertario, por lo que la exigencia de un aval por escrito sigue siendo la condición innegociable para destrabar el tratamiento de la ley.