La Casa Blanca busca frenar el avance de Beijing en Sudamérica, pero en Lima la realidad económica marca otra agenda. Un caso claro de esta disputa se vive con la construcción y puesta en marcha del puerto de Chancay, una obra gigante de 1.300 millones de dólares financiada por capitales orientales. Desde el Norte señalan que estas inversiones ponen en riesgo la soberanía de la región y hasta especulan con el uso militar de la infraestructura. Sin embargo, las autoridades peruanas remarcan que acudieron a esos fondos porque las potencias tradicionales jamás mostraron interés en financiar proyectos de semejante envergadura.
La nación asiática absorbe hoy cerca de un tercio de todo lo que vende el país andino al exterior, consolidándose como su comprador principal. Además de controlar la logística portuaria mediante camiones autónomos y grúas de última generación que acortan los envíos marítimos de 40 a 23 días, las compañías de esa potencia manejan la distribución de energía eléctrica en la capital y tienen una fuerte presencia en minería y telecomunicaciones. Frente a las críticas diplomáticas por la pérdida de autonomía, referentes locales señalan que la supervisión estatal sobre las instalaciones es permanente y rechazan los cuestionamientos por considerarlos paternalistas.
A pesar de que Keiko Fujimori asumió la presidencia con un perfil conservador y promesas de entendimiento en materia de seguridad con los norteamericanos, dejó en claro ante el Parlamento que mantendrá el rol de puente comercial hacia los mercados asiáticos. Las fricciones aumentaron cuando la diplomacia estadounidense presionó para concretar la venta de aviones de combate por 3.500 millones de dólares y el financiamiento de instalaciones navales, un gasto que generó rechazo social frente a la falta de aportes de Washington para obras de infraestructura. Sin alternativas concretas de inversión sobre la mesa, la estrategia de presión parece alejar a los aliados sudamericanos en lugar de alinearlos.