La polémica alrededor de la reforma del régimen penal para menores volvió a encender la mecha entre la administración bonaerense y la Casa Rosada. Apenas entrada en vigencia la norma que reduce la responsabilidad penal a los 14 años, la resolución emitida por la magistrada Marta Elba Pascual dejó en pausa la medida durante dos meses en suelo bonaerense. Argumentando la falta de instalaciones y medios apropiados para alojar a los jóvenes, el tribunal abrió un fuerte cruce institucional, donde la organización Usina de Justicia reaccionó presentando una denuncia penal contra la jueza, señalando un claro exceso de atribuciones e injerencia sobre atribuciones legislativas.
Las repercusiones de este freno judicial encontraron eco inmediato en el plano electoral. Diego Santilli cruzó directamente al gobernador Axel Kicillof por mantener una postura pasiva ante el fallo y ubicarse, según su visión, en la vereda opuesta a las víctimas. En sus declaraciones, el funcionario remarcó que «en la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune», al tiempo que cruzó los cuestionamientos del ministro provincial Javier Alonso pidiéndole que prioricen la partida presupuestaria para patrulleros e infraestructura en lugar de destinar fondos a licitaciones insólitas.
El trasfondo del conflicto exhibe una problemática compleja vinculada a las estadísticas delictivas juveniles y los límites de la intervención de los fiscales bonaerenses. Con el freno dispuesto en el fuero local, las fuerzas políticas miden el impacto territorial. Para la oposición nacional, este escenario deja al oficialismo provincial expuesto frente al electorado, fortaleciendo el despliegue del Gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires de cara al armado político venidero.