El escenario político en Managua terminó de cerrar cualquier margen para la actividad democrática. Una reciente reforma constitucional impulsada en el parlamento bloqueó de manera formal la posibilidad de que agrupaciones opositoras compitan en comicios futuros, al mismo tiempo que estiró los Mandatos presidenciales a siete años. Daniel Ortega, quien encabeza la administración junto a su esposa Rosario Murillo, ya había anticipado públicamente la postura del régimen al asegurar que «aquí no volverá a haber elecciones…Jamás, jamás, jamás. No volverá a haber elecciones para que ellos intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
La consolidación del poder autoritario sepultó el proceso que comenzó casi cinco décadas atrás con la caída de la dinastía Somoza. En este trayecto, antiguos aliados de la revolución terminaron en el exilio o despojados de sus derechos. La nómina de perseguidos abarca desde el hermano del propio líder, Humberto Ortega, hasta figuras de la cultura como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, quien denunció que el mandatario terminó por «traicionar el sueño nicaragüense”. El deterioro del entramado institucional motivó además severos advertencias de comisiones de las Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos y el cierre masivo de organizaciones sociales.
En medio de este aislamiento internacional, el régimen sumó el respaldo de figuras externas. Entre esos apoyos figura el exjefe montonero Mario Firmenich, quien se desempeñó como veedor en los cuestionados comicios de noviembre de 2021. Durante ese proceso, el dirigente argentino salió a justificar los arrestos de dirigentes opositores y defendió la gestión estatal. Tiempo después, investigaciones periodísticas locales revelaron que Firmenich percibía haberes por más de 3.000 dólares como empleado de la administración estatal, consolidando un entramado de favores y protección política en el país centroamericano.