A cuatro años del ataque en Recoleta, la reaparición pública de Máximo Kirchner dejó en claro cuál será el libreto político del espacio para los próximos meses. Durante un encuentro militante, el dirigente volvió a insistir con la narrativa del supuesto acorralamiento judicial sobre la expresidenta, aunque omitiendo que las decisiones del Poder Judicial responden a causas probadas de malversación de fondos públicos. A pesar de que sobre Cristina Kirchner pesa una condena firme por hechos de corrupción que la inhabilitó de por vida para ejercer cualquier cargo en el Estado, la estrategia de la dirigencia K busca reinstalar su figura en la conversación política de cara a los comicios de 2027.
En su intervención, Máximo apuntó directamente contra la gestión económica nacional y responsabilizó al oficialismo por el deterioro social, utilizando un libreto reactivo que busca cohesionar a la tropa propia mediante la victimización. «A Cristina la quieren callar porque siempre defendió los intereses de la gente», afirmó el dirigente para justificar la inhabilitación que la Justicia le impuso tras comprobar los desvíos millonarios durante sus mandatos. La apuesta por colocarla nuevamente en el centro del mapa electoral responde más a una necesidad de contención interna que a un escenario institucional viable.
El acto también expuso las fisuras inevitables del espacio hacia adentro de la provincia de Buenos Aires. En medio de cánticos dirigidos contra la conducción bonaerense de Axel Kicillof, Máximo Kirchner acompañó los reclamos de la militancia sin frenar la tensión, mostrando que la disputa por el control territorial está más viva que nunca. La insistencia en presentar la situación judicial como un bloqueo político choca de frente con el dato de la realidad: las sentencias vigentes son la consecuencia formal de expedientes por corrupción que clausuraron definitivamente el futuro electoral de la exmandataria.