En la Casa Rosada miran con atención los datos que marcan la fragilidad social y el endeudamiento de la población, pero rechazan de plano aplicar salvavidas económicos desde las arcas públicas. La postura oficial sostiene que las deudas entre privados deben resolverse sin auxilio estatal, aun cuando los números del propio sistema bancario reflejan un incumplimiento de pago que alcanza el 12,8% en los créditos familiares.
Para frenar la toma de compromisos que los usuarios no puedan afrontar, Javier Milei analiza requerirle al Banco Central, conducido por Santiago Bausili, la puesta en marcha de un marco informativo más estricto para entidades bancarias y plataformas financieras. La intención es forzar a que el costo real de los préstamos se muestre de manera gigante y explícita, emulando la visibilidad del etiquetado de alimentos. La iniciativa, acercada por Patricia Bullrich, busca transparentar cuánto terminará devolviendo una persona antes de aceptar una operación crediticia.
Esta estrategia con la que el oficialismo pretende recuperar iniciativa en la discusión pública choca de frente con las pretensiones de la oposición en el Congreso. Desde el peronismo presionan para convocar a una sesión que obligue al Poder Ejecutivo a destinar partidas para la refinanciación de las deudas familiares, una posibilidad que en Balcarce 50 descartan por completo para no rescatar a las empresas que asumieron esos riesgos.
El trasfondo de este escenario de endeudamiento queda expuesto al revisar las cifras de cobertura social. Un reporte reciente de la Subsecretaría de Seguridad Social indica que la Asignaciones Universal por Hijo abarca al 36% de las personas de hasta 17 años en todo el país, sumando más de 4,1 millones de chicas y chicos asistidos. Esta contención directa tiene sus picos de mayor concentración en el norte del país, encabezada por Formosa con el 65% y Chaco con el 60%, evidenciando cómo el auxilio estatal es la principal fuente de contención en las regiones con menor nivel de trabajo registrado.