El área laboral del Poder Ejecutivo comenzó a comunicar una nueva orientación para las mesas de paritarias de las próximas semanas. La Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, busca instrumentar un piso salarial garantizado que alcance los $1.070.000 brutos en las paritarias a partir de agosto, lo que representaría un cobro de bolsillo cercano a los 860.000 pesos para las categorías con menores ingresos dentro de los convenios colectivos.
Actualmente, varias ramas de la actividad privada se ubican marcadamente por debajo de esa cifra de referencia. Las estadísticas oficiales muestran realidades muy dispares según el sector: mientras la bancaria encabeza la tabla con medianas por encima de los 4.300.000 pesos, en el extremo opuesto aparecen áreas con remuneraciones sensiblemente inferiores. Es el caso de la construcción, donde la mediana roza el millón de pesos con $1.001.342, y especialmente del rubro gastronómico, que ostenta el valor registrado más bajo con apenas $803.991, sumados a las escalas atrasadas en maestranza y sanidad.
Frente a esta coyuntura, el planteo oficial apunta a que gremios y cámaras patronales articulen los reajustes para que los básicos más rezagados converjan hacia la suma establecida. Según la mirada que transmiten desde el Palacio de Hacienda y la cartera laboral, estos incrementos en la franja más baja no deberían trasladarse a la estructura de precios al consumidor, ya que esperan que las compañías absorban el ajuste de costos en sus propios balances de rentabilidad.
La meta busca compensar el desgaste del poder adquisitivo registrado en los sueldos del sector privado formal. Los datos relevados por el sistema previsional marcan que los salarios acordados en convenios colectivos sufrieron caídas interanuales pronunciadas en rubros de gran volumen como metalúrgicos, con un retroceso del 12,4%, comercio, con el 11%, y el sector textil, que encabezó las pérdidas con un desplome real del 12,6 por ciento.