El discurso del Ejecutivo nacional sobre el peso del sector público empezó a mostrar matices respecto de sus consignas fundacionales. Aquella postura tajante de Javier Milei que definía a las estructuras estatales como un elemento nocivo dio paso a una etapa de intervención pragmática, donde las herramientas oficiales vuelven a utilizarse activamente como mecanismo de dinamización en áreas sensibles del consumo, el crédito y la negociación salarial.
En las mesas de negociación colectiva, la Secretaría de Trabajo fijó una pauta para que las paritarias garanticen una remuneración bruta mínima de $1.070.000, una medida pensada para apuntalar a las categorías más postergadas sin descuidar el esquema general. A esto se le suma el reciente anuncio de financiamiento para la vivienda: la gestión libertaria dispuso que se utilicen recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES con el fin de subsidiar las tasas de interés de los préstamos hipotecarios UVA que ofrecen las entidades bancarias.
Esta utilización táctica de los recursos estatales responde a una lectura minuciosa de la realidad social y el bolsillo de las familias. Desde Balcarce 50 buscan recomponer el poder adquisitivo en los sectores informales y de menores ingresos, a la vez que intentan reanimar el mercado inmobiliario a través del crédito. Todo esto ocurre mientras las principales consultoras privadas registran señales de desgaste en el consumo masivo y un incremento persistente en los índices de morosidad por el uso de tarjetas de crédito.
La necesidad de estabilizar la paz social y sostener la actividad terminó forzando un recálculo en la praxis económica del Gobierno. Lejos de abandonar la narrativa contra la burocracia, la conducción oficial optó por flexibilizar su ideario libertario para maniobrar sobre los sueldos y el crédito bancario, revalorizando el rol del Estado como amortiguador en la recta final del año.