El acceso a la salud para los sectores más vulnerables atraviesa un escenario crítico donde las banderas ideológicas parecen ceder paso al abandono asistencial. Así como ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde la gestión de Axel Kicillof mantiene desamparados a unos 2,5 millones de afiliados al IOMA con serias fallas de cobertura, el escenario nacional réplica patrones de desatención. Ahora, bajo la administración de Javier Milei, el recorte presupuestario y la falta de actualización arancelaria alcanzaron un punto sin precedentes en la principal obra social de los jubilados del país.
Establecimientos de salud privados radicados en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa definieron un cese total en las prestaciones dirigidas a la red del PAMI. Las instituciones involucradas, que brindan asistencia a un universo cercano a 300.000 adultos mayores y donde los convenios estatales representan entre un 25% y un 55% de la facturación, venían implementando recortes progresivos desde junio en guardias y turnos de quirófano. Sin embargo, la brecha generada frente a la inflación —que en lo que va del año roza el 19,3% frente a un aumento del 6% ofertado por la gestión central— terminó por paralizar completamente los servicios.
Los representantes de las clínicas enfatizaron la gravedad de la medida al remarcar que no existen antecedentes de un freno generalizado de esta magnitud, incluso al comparar el escenario con la crisis socioeconómica de 2001. La diferencia entre las cápitas liquidadas y el costo operativo real provocó que procedimientos médicos de rutina resulten inviables, al punto de que los aranceles vigentes no alcanzan a cubrir los insumos descartables básicos. La falta de respuestas efectivas por parte del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones profundizó el malestar en el sector prestador, derivando en un colapso que fuerza a los jubilados a volcarse masivamente a un sistema público golpeado.