El crecimiento constante de las deudas en los hogares encendió las alarmas en el ámbito político y social, abriendo dos posturas bien marcadas sobre cómo abordar la situación. Frente al impacto que generan las billeteras virtuales con cargos que pueden escalar hasta un 1.300% al año, organizaciones sociales encabezaron protestas públicas y llamados a no utilizar las plataformas que conduce Marcos Galperín. A la par de estos reclamos, se tramitó en la Justicia una presentación promovida por Gabriel Solano contra la firma por lo que calificó como «un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes».
Desde el ámbito nacional, la postura oficial que encabeza Javier Milei junto a Luis Caputo sostiene que el problema del endeudamiento familiar pertenece estrictamente al ámbito privado y no requiere auxilio estatal. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires la respuesta fue en un sentido diferente a partir de un proyecto elaborado por Leandro Santoro. El legislador opositor impulsó la iniciativa de desendeudamiento que fue convertida en ley tras negociar con el Ejecutivo porteño, logrando establecer un marco de contención para los vecinos agobiados por los compromisos financieros impagos.
A esa iniciativa parlamentaria se sumó de forma directa Jorge Macri, quien logró incorporar a nueve entidades bancarias de primera línea para poner en marcha el programa. Con el incentivo de un beneficio impositivo del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses cobrados, bancos como Ciudad, Santander, BBVA, Galicia y Credicoop aceptaron sumarse al esquema de alivio. «Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», afirmó el jefe de Gobierno al dar detalles del plan.
El mecanismo contempla a quienes mantengan atrasos de entre 60 y 180 días acumulados hasta el 1° de junio, cuyos ingresos de la casa no superen los diez salarios mínimos y deban destinar más del 30% de sus entradas al pago de cuotas. La reestructuración permite abonar los saldos en un plazo de hasta 24 meses, fijando un tope del 35% de tasa nominal anual. De este modo, la propuesta iniciada por Santoro y ejecutada junto a la administración porteña sentó a la oposición y al oficialismo en la misma mesa para ofrecer una salida concreta a los golpeados bolsillos familiares.