El litigio entre la empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA) y Pedro Brieger suma un nuevo capítulo de alta tensión financiera. A pesar de haber acordado previamente una suma de 78 millones de pesos en un arreglo extrajudicial —cuyo último pago se efectivizó a fines del año pasado—, el analista internacional insiste con una readecuación en el expediente. El reclamo actual ante la sede judicial apunta a recalcular conceptos vinculados con la actualización de intereses, lo que, según estimaciones internas de la compañía de medios públicos, podría escalar la cifra a desembolsar por encima de los 400 millones de pesos.
El conflicto de fondo se remonta a la desvinculación laboral ocurrida en 2016. En primera instancia, el fallo había fijado una suma cercana a los 5,8 millones de pesos más intereses, pero un recálculo posterior dispuesto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo impulsó la cifra a unos 223,8 millones de pesos. Frente al impacto que ese monto significaba para el erario público, la representación legal de RTA cuestionó la metodología utilizada para el cálculo y llevó el expediente hasta la máxima instancia judicial para frenar una erogación que consideraba desproporcionada.
La controversia económica no avanza en el vacío. En el medio, el colectivo Periodistas Argentinas se presentó ante la Justicia para solicitar el embargo de las sumas indemnizatorias, representando los testimonios de 19 mujeres que relataron haber sufrido situaciones de acoso y agresión en ámbitos académicos y de trabajo a lo largo de tres décadas. La meta de las denunciantes era congelar la masa de dinero en RTA como una medida de reparación; sin embargo, la firma estatal avanzó con el pago acordado.
Paralelamente, la exposición pública de estas denuncias provocó el alejamiento masivo del periodista de sus espacios de trabajo en radio, televisión y el ámbito universitario. Pese a que en un inicio desmintió los hechos e incluso amagó con acciones legales contra los medios que difundieron el tema, tiempo después difundió un mensaje donde admitió las acusaciones manifestando que «lo que describen existió». Hoy, mientras las afectadas aguardan respuestas firmes en materia reparatoria, el pedido de actualización de montos sigue corriendo dentro de la estructura judicial de los medios públicos.