El abandono de las rutas nacionales por parte de la gestión del Presidente Milei desencadenó un escenario crítico en el sur de Santa Fe. Tras la resolución dictada por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, la Casa Rosada se ve obligada a encarar reparaciones urgentes e integrales en los trazados de las arterias 7, 8 y 33, respondiendo a un amparo presentado por la senadora santafesina Leticia Di Gregorio. Leonel Chiarella graficó el peligro constante que implica recorrer la zona, señalando que los accidentes crecieron un 30% e incluso dejó en evidencia que las comunas deben ocuparse de tareas básicas para amortiguar el riesgo cotidiano.
La inacción oficial generó un malestar de fondo al compararse con la caja que sigue ingresando a las arcas estatales a través del impuesto a los combustibles. De acuerdo con las cifras que expuso Leonel Chiarella, durante el último año se recaudó alrededor de un billón de pesos bajo ese concepto, una masa de recursos que debería volcarse al mantenimiento vial pero termina guardada en plazos fijos del sistema financiero. Frente a este panorama, las frases del referente radical marcaron un contraste directo contra el manejo fiscal: “Nosotros no queremos ni rutas choreadas como en el kirchnerismo, ni rutas abandonadas como en este gobierno. Queremos que las rutas estén en condiciones”.
El impacto del deterioro no solo cobra vidas en siniestros graves, sino que también ahoga a la producción agrícola e industrial de la región. El retraso logístico generado por el pésimo estado del asfalto provocó un aumento del 20% en los costos del transporte de carga, mientras la infraestructura sanitaria pública absorbe la demanda de los automovilistas accidentados. Las críticas de Leonel Chiarella dejaron al descubierto la paradoja de un Estado que recauda para obras pero congela las partidas mientras las rutas se vuelven impracticables.