El debate sobre los gastos del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires volvió al centro de la escena a partir de los abultados números que demanda mantener funcionando ambas cámaras. Entre la Cámara de Diputados y el Senado, el presupuesto aprobado para este 2026 supera los 378.000 millones de pesos, lo que implica que de las arcas provinciales salen más de 1.038 millones de pesos por día para financiar la actividad parlamentaria.
El dato más llamativo aparece cuando se observa el costo individual por cada legislador. En la Cámara alta, integrada por 46 representantes, el cálculo muestra que sostener a cada senador representa un desembolso aproximado de 9 millones de pesos diarios para los bonaerenses, acumulando más de 3.390 millones de pesos al año por banca. Por su parte, en la Cámara de Diputados, conformada por 92 miembros y con una partida anual de 222.800 millones de pesos, cada legislador le cuesta al Estado provincial unos 6,6 millones de pesos por día, lo que equivale a más de 2.420 millones de pesos anuales.
Frente a este escenario de elevadas erogaciones, Sebastián Pareja planteó de manera contundente la necesidad de modificar la estructura legislativa y remarcó: “No nos sirve el sistema de la bicameralidad, no tiene razón de ser. El único motivo que lo puede justificar es sostener económicamente distintos sectores de la política. A los bonaerenses le cuesta 9 millones de pesos por día cada senador, para sostener un sistema que no funciona. Tuvimos dos sesiones en todo el año”.
Una porción sustancial de estos recursos se destina al sostenimiento de las plantas de empleados. El Senado cuenta con 1.378 trabajadores, lo que arroja una proporción promedio de 30 colaboradores por cada legislador, absorbiendo en salarios casi el 77% de su partida total. En tanto, la Cámara baja suma 1.733 agentes y vuelca más del 67% de sus fondos a pagar sueldos. Si bien desde algunos sectores señalan que el gasto anual por legislador en territorio bonaerense se ubica por debajo de lo que representan las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires o de Santa Fe, los números alimentan una discusión recurrente sobre la eficiencia de la política.