Con las urnas cada vez más cerca en el horizonte, en la Casa Rosada decidieron apretar el acelerador para no perder terreno en el ámbito legislativo. La estrategia oficial pasa por intensificar las sesiones parlamentarias y buscar, si es posible, la aprobación de al menos una propuesta de ley por semana. Dentro del oficialismo la consigna es clara y contundente: “Ahora se va a reanudar todo. Van a ser semanas intensas en las que vamos a acelerar con todo”. Esta urgencia por aprovechar el tiempo responde a que, habitualmente, el ritmo del Congreso decae de forma considerable durante las etapas preelectorales, por lo que para Javier Milei resulta clave empujar los proyectos prioritarios antes de que el calendario limite los tiempos de debate.

En esa misma línea, las negociaciones políticas se multiplicaron en varios frentes. Por un lado, Diego Santilli encabeza los contactos con mandatarios provinciales para tejer consensos, coordinando reuniones junto a Luis Caputo con figuras como Elías Suárez y Raúl Jalil. Al mismo tiempo, en los pasillos del poder cobra fuerza el planteo de suspender o eliminar la obligatoriedad de las PASO, una idea que responde a la necesidad de aminorar gastos y reducir la incertidumbre del año electoral. En paralelo, la atención legislativa se centrará en la discusión de la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, un tratamiento que promete ser acalorado en las bancas pero respecto al cual en el Ejecutivo confían en mantener los apoyos requeridos.

Sin embargo, el plano interno también expone matices y contrapuntos. Mientras la gestión nacional promueve medidas de impronta soberanista, la postura de Victoria Villarruel marca distancias respecto a ciertas iniciativas clave como la Ley de Tierras. Desde el entorno de la titular del Senado advierten sobre su posición al señalar que “de poder hacerlo, rechaza. Ya avisó”. De este modo, entre la exigencia de aprobar reformas de fondo y el armado de alianzas provinciales para sostener la gobernabilidad, el Gobierno encara un tramo crucial en el que la estrategia parlamentaria queda fuertemente atravesada por el cálculo electoral.