El tablero político volvió a sacudirse tras la difusión de un documento público en el que Cristina Kirchner cuestionó con dureza el accionar de los tribunales locales y confirmó una ofensiva en el plano internacional. Con el respaldo técnico de letrados extranjeros, la referente opositora prevé llevar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para revisar las sentencias dictadas en el país. Al respecto, remarcó que «ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional», añadiendo que los magistrados deberán rendir cuentas «ante los principios universales de independencia judicial».
Más allá del reclamo jurídico, el mensaje enviado dejó lecturas de peso en el plano electoral, insinuando que no descarta involucrarse directamente en la oferta de boletas pese a las restricciones judiciales que pesan en su contra. Al analizar el fallo que contempla una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sostuvo que «todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política». En esa línea, remarcó que las medidas buscan «impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas», dejando flotando la posibilidad de desafiar la prohibición en los urnas.
La estrategia coordinada por sectores afines apunta a anotar a Cristina Kirchner al frente de la nómina para las elecciones de 2027, forzando un pronunciamiento explícito de la justicia electoral para ganar centralidad y retener el control en la confección de las listas. Esta movida busca, al mismo tiempo, condicionar los planes de otros dirigentes del peronismo que intentan construir opciones de poder sin el aval del espacio tradicional. Para cerrar su mensaje, la dirigente lanzó una frase con fuerte carga política al señalar que «la historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular».