El presidente Javier Milei volvió a ser el centro de una controversia tras cruzar a gritos al empresario y exfuncionario José Ignacio de Mendiguren en la Exposición Rural. En medio de una transmisión radial, el mandatario arremetió de forma violenta contra el exministro de Producción cuando este caminaba cerca del lugar, tildándolo de «ladrón» e imputándole haber destruido la economía del país tras el fin de la convertibilidad.
Las agresiones verbales se produjeron poco después del viaje institucional del jefe de Estado a Brasil, donde mantuvo enfrentamientos diplomáticos con el mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva. Lejos de frenar la escalada de descalificaciones, el jefe de Estado acusó a De Mendiguren de haberle costado fortunas a las arcas públicas junto a la gestión de Eduardo Duhalde, a lo que el dirigente empresarial respondió calificando el comportamiento presidencial como un acto de cobardía impropio del cargo que ejerce.
Sin embargo, el vehemente discurso anticorrupción que ostenta el oficialismo contrasta notablemente con el mutismo sobre los frentes judiciales que salpican a la propia Casa Rosada. Javier Milei evita de forma sistemática dar explicaciones sobre las graves denuncias que salpican a su círculo íntimo, como el caso de su hermana Karina Milei, sobre quien pesan acusaciones de percibir un tres por ciento de retornos en el área de Discapacidad, o los audios de la causa donde se la señala por supuestos cobros indebidos.
Del mismo modo, el Ejecutivo mantiene un prudente silencio en torno al expediente que investiga la maniobra millonaria con la criptomoneda Libra, un caso donde la figura presidencial aparece seriamente comprometida al haber promocionado activamente el activo digital antes de su colapso. Mientras la narrativa oficial busca señalar responsabilidades ajenas en los problemas históricos del país, la falta de aclaraciones sobre estas investigaciones sigue alimentando el debate sobre los manejos de la actual administración.