La preocupante inmovilización de la firma Flybondi se profundiza con el correr de los días, dejando al descubierto un escenario de total desamparo para los usuarios. Desde el pasado 4 de julio, la totalidad de las aeronaves de la empresa de bajo costo permanece varada en las pistas debido a una acumulación de deudas en moneda extranjera con los proveedores internacionales que le alquilan la flota. Pese a que la parálisis es absoluta y ya provocó la cancelación masiva de operaciones durante un fin de semana largo clave, las plataformas digitales de la compañía continúan despachando pasajes con normalidad para los meses venideros, una maniobra comercial que genera indignación y sospechas en el sector.
El conflicto escaló de manera drástica puertas adentro de la organización aerocomercial. Ante la imposibilidad de operar, la gerencia notificó la suspensión temporal y sin goce de sueldo para el 70% de sus tripulantes de cabina, argumentando razones de fuerza mayor. Mientras los empleados se encuentran en un limbo laboral y los canales de atención al cliente están completamente colapsados por reclamos, la Secretaría de Transporte mantiene una postura pasiva. La falta de sanciones inmediatas o de una medida cautelar que frene la recaudación de fondos por servicios que difícilmente puedan prestarse es vista por los damnificados como una alarmante falta de control sobre los derechos del consumidor.
La alarmante inacción gubernamental reaviva el debate en torno a la desregulación del mercado aéreo y la política oficial de cielos abiertos. Diversos sectores señalan que la falta de exigencias financieras y operativas firmes a este tipo de compañías termina convalidando prácticas perjudiciales para el público general. Con el correr de las horas, los pasajeros afectados se multiplican y las respuestas oficiales brillan por su ausencia, consolidando una preocupante desprotección frente a empresas que financian sus crisis operativas a expensas de la venta anticipada de boletos fantasma.