La mira de la justicia de Estados Unidos se posó directamente sobre la ingeniería financiera que rodea los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Un equipo de tres fiscales federales en el país norteamericano empezó a diseñar el armado de un expediente judicial enfocado en TourProdEnter, la firma radicada en Miami que administra Javier Faroni y que maneja de forma exclusiva los ingresos generados por la selección fuera de las fronteras locales. Las sospechas principales apuntan a maniobras compatibles con el blanqueo de capitales y el ocultamiento de cargas impositivas en territorio estadounidense.
Aunque la causa formal formalmente se abriría al concluir la actual Copa del Mundo, el proceso ya registra un avance concreto mediante entrevistas clave a testigos. Entre las declaraciones recolectadas aparece el testimonio de Guillermo Tofoni, un empresario del rubro que mantiene un viejo litigio por el derecho a organizar los encuentros amistosos del equipo nacional. Según los reportes derivados del intercambio de información bancaria, la compañía asociada a Javier Faroni habría recaudado una cifra cercana a los 300 millones de dólares por patrocinios y derechos comerciales, pero existen sospechas firmes sobre el desvío de unos 40 millones de dólares hacia firmas sin actividad real o fantasmas que podrían terminar vinculadas al tesorero de la entidad del fútbol, Pablo Toviggino.
Los funcionarios a cargo del caso en el Departamento de Justicia, Patrick Gushue y Christopher Ting, buscan trazar el destino final de esos millones. La lupa penal está puesta en las comisiones de hasta el 30 por ciento pactadas en los contratos y en transferencias hacia cuentas sin justificación comercial clara, expandiendo el cerco judicial sobre Claudio Tapia, Pablo Toviggino y el propio Javier Faroni. A nivel local, los datos obtenidos en el extranjero ya impactaron en los despachos judiciales argentinos, donde buscan validar toda la documentación contable recopilada para cruzarla con los expedientes por presunto fraude que tramitan en los tribunales del país.