La discusión por la ley de leyes de la administración pública está sumando un nivel de tensión inédito en los pasillos de Balcarce 50. Desde el entorno del Ejecutivo nacional se empezó a barajar una alternativa extrema para presionar a las cámaras parlamentarias de cara al tratamiento de las partidas del año próximo. La idea, que ya genera fuertes discusiones entre juristas y economistas, consiste en aplicar un mecanismo similar a las parálisis administrativas que ocurren en Norteamérica, congelando el funcionamiento de las reparticiones del sector público si los legisladores no convalidan la propuesta fiscal presentada por la Casa Rosada.
El plan del oficialismo busca fijar una postura inflexible frente a los pedidos de gobernadores y bloques opositores, que suelen reclamar modificaciones para asegurar obras o fondos en sus territorios. Javier Milei tiene decidido que no cederá terreno en su premisa del déficit cero, una política que considera central para el rumbo de su gestión. Quienes conocen la intimidad de las negociaciones aseguran que la intención de copiar la lógica estadounidense apunta a que, si el Palacio Legislativo rechaza el proyecto, los costos políticos y operativos de un freno total del aparato gubernamental recaigan directamente sobre los representantes de las provincias.
Esta estrategia representa un quiebre absoluto con la tradición política local. Históricamente, cuando no se lograba un consenso para aprobar los gastos anuales, la normativa local permitía prorrogar de manera automática el cálculo vigente del año anterior, lo que le daba al mandatario de turno un margen de discrecionalidad enorme para reasignar partidas sin pasar por el filtro parlamentario. Ahora, el enfoque se invierte de manera radical: en lugar de estirar los fondos previos, se busca el bloqueo total del flujo monetario para forzar un acuerdo o culpar a la oposición de dejar al país sin servicios esenciales.