El gobierno asiático profundizó de manera drástica su control sobre los ciudadanos y las corporaciones que operan fuera de sus fronteras. Mediante la puesta en marcha del Decreto 835, la gestión liderada por Xi Jinping obliga a cualquier firma o individuo de esa nacionalidad a priorizar la legislación de su tierra natal por encima de los marcos regulatorios de los países donde están radicados. Esta medida apunta directamente a neutralizar los controles y castigos financieros impuestos por terceras potencias, abriendo un complejo escenario de conflicto de intereses para las firmas que quedan atrapadas entre dos fuegos normativos.
La nueva reglamentación otorga facultades absolutas al Consejo de Estado para auditar, presionar e imponer penalizaciones económicas, que incluyen desde el congelamiento de activos hasta trabas para realizar inversiones. Además, el texto oficial promueve un sistema de delaciones internas, permitiendo que actores particulares denuncien en tribunales locales a quienes decidan acatar las normativas del territorio extranjero en detrimento de las directivas de Beijing. La ambigüedad de los conceptos utilizados en el documento incrementa la incertidumbre y deja un amplio margen para la aplicación discrecional de las sanciones.
Esta intromisión legal ya empezó a generar chispazos diplomáticos y comerciales a nivel global. Un ejemplo claro de esta tensión ocurrió en Panamá, donde un fallo de la Corte Suprema que anuló un contrato portuario a una subsidiaria del gigante asiático desató represalias comerciales absurdas por parte de las autoridades de ese país. Frente a las presiones que buscaban forzar el desconocimiento del dictamen judicial, María Cristina Chen Stanziola defendió la postura del tribunal al afirmar que «la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o esos deseos, sino que falle correctamente».