Las sospechas por manejos irregulares sacude las estructuras más reservadas del oficialismo, salpicando a figuras centrales del armado político en el Congreso y los despachos gubernamentales. En las últimas horas, los tribunales federales de Comodoro Py aceleraron una investigación que busca determinar la existencia de retornos y desvíos de fondos públicos. Las miradas están puestas en los movimientos de Eduardo «Lule» Menem y su primo Martín Menem, señalados en el expediente por presuntas maniobras opacas de financiamiento que amenazan el discurso de transparencia que el partido de gobierno intentó enarbolar desde su llegada al poder.
La causa cobró un impulso decisivo tras la incorporación de pruebas clave que complican el panorama para ambos dirigentes riojanos. El fiscal a cargo de la investigación impulsó una serie de requerimientos para cruzar llamadas y peritar documentos vinculados al funcionamiento operativo de las segundas líneas de la administración central. La hipótesis que manejan los investigadores apunta a un esquema de recaudación paralela mediante contratos inflados y desvío de partidas presupuestarias, un mecanismo clásico de la vieja política que ahora golpea de lleno al círculo de confianza más estrecho del Poder Ejecutivo.
Desde el entorno de los apuntados salieron a relativizar el impacto del avance judicial y ensayaron una defensa corporativa, atribuyendo el caso a una maniobra coordinada por sectores opositores para minar el armado territorial que la fuerza libertaria viene tejiendo en el interior. No obstante, en los pasillos judiciales se habla de citaciones inminentes para declarar y de la recolección de testimonios de empleados públicos que aportaron datos precisos sobre cómo se gestionaban los recursos bajo sospecha, lo que podría derivar en un verdadero dolor de cabeza político para la Casa Rosada en el corto plazo.