El máximo tribunal de Justicia del país destrabó el tramo definitivo para avanzar sobre el patrimonio de los involucrados en las maniobras con la obra pública en Santa Cruz. A través de una resolución firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se desestimaron los últimos recursos que buscaban frenar el avance sobre los bienes de los implicados. Con este paso institucional, quedó ratificada la cifra global que se deberá restituir al Estado, fijada en casi 685.000 millones de pesos, luego de actualizar el perjuicio original mediante los índices oficiales de precios al consumidor del INDEC.
La decisión judicial sepulta el intento de las defensas por mitigar el impacto económico del fallo. Cristina Kirchner venía objetando el método que utilizaron los peritos para indexar el dinero y pretendía que el monto total a reintegrar no superara los 23.000 millones de pesos. Sin embargo, el rechazo a su queja deja vía libre para el decomiso solidario de 111 bienes, entre los que figuran terrenos, complejos habitacionales y hoteles. La medida arrastra también el patrimonio que la exmandataria transfirió como herencia a Máximo y Florencia Kirchner, dado que la Justicia validó la incautación de cualquier propiedad incorporada al entorno familiar entre los años 2003 y 2015.
Este escenario acelera el procedimiento de ejecución patrimonial. Las propiedades que pasen a manos de la Justicia y que no tengan una utilidad directa para el funcionamiento del sistema legal se liquidarán mediante remates públicos. Paralelamente, en los tribunales de Comodoro Py avanza un segundo lote de activos que incluye el inmueble de la calle San José al 1100 donde la referente política se encuentra cumpliendo su arresto domiciliario, además de cuentas bancarias en dólares y la histórica residencia de Río Gallegos.