El panorama para las finanzas familiares se viene complicando de manera sostenida por las dificultades para saldar los compromisos financieros. De acuerdo con informes del sector, la falta de pago en tiempo y forma en préstamos de consumo y tarjetas de crédito terminó marginando a una enorme masa de usuarios del circuito formal de financiamiento. Al evaluar el escenario general, se calcula que aproximadamente 7 millones de ciudadanos perdieron la condición de aptos para recibir asistencia financiera debido a las deudas acumuladas, quedando fuera del radar de las entidades tradicionales.
Los relevamientos sectoriales muestran que marzo profundizó una tendencia que ya acumula diecinueve meses consecutivos de desmejora en los índices de cobrabilidad. El retraso en las devoluciones, que contempla aquellos saldos con un bache superior a los tres meses, trepó en el segmento familiar hasta tocar el 12,7% si se miran las carpetas de las principales entidades bancarias. En el universo corporativo también se percibió un reajuste menor, alcanzando un 3,5%. El fenómeno lejos está de ser una excepción aislada, ya que la gran mayoría de los bancos con mayor volumen de operaciones reportaron incrementos en sus niveles de morosidad.
La situación es todavía más compleja si se analizan las plataformas digitales y los emisores de plásticos que operan fuera del sistema tradicional, donde los requisitos de ingreso son mínimos pero las tasas de interés resultan mucho más pesadas. En ese terreno, el indicador de deudas vencidas trepó de manera drástica hasta ubicarse en un 32,2%, lo que significa que casi un tercio de las obligaciones asumidas mediante aplicaciones financieras o billeteras virtuales se encuentra en situación irregular. Vladimir Werning, referente del área, consideró que la etapa venidera forzará una depuración selectiva donde tanto los deudores como los acreedores se verán obligados a adaptar conductas bajo esquemas donde las deudas «ya no se licúan».