El máximo tribunal del país le dio un fuerte revés a la estrategia legal de la Casa Rosada al rechazar de forma unánime un planteo clave con el que se buscaba dejar sin efecto la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión, que contó con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la vigencia de la norma que garantiza los fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios, un tema que viene generando una enorme movilización social y un constante tironeo entre el Poder Ejecutivo y la comunidad académica.
La administración central había acudido a los tribunales con un recurso extraordinario argumentando que la aplicación de esta ley ponía en serio riesgo el equilibrio fiscal y la meta de déficit cero, pilares fundamentales del programa económico actual. Desde el entorno oficial venían sosteniendo que el Congreso no puede aprobar partidas de gasto público sin especificar con total claridad de dónde saldrán los recursos para financiarlas. Sin embargo, los integrantes de la Corte desestimaron la apelación por entender que no se cumplían los requisitos técnicos ni de fundamentación necesarios para que el tribunal revisara lo resuelto previamente en las instancias inferiores.
Con este escenario, el conflicto presupuestario vuelve a quedar en el terreno político y legislativo, donde la comunidad universitaria viene reclamando una recomposición urgente ante los efectos de la inflación en los salarios docentes y no docentes. La resolución judicial corta el camino de la judicialización que había intentado el Gobierno para desactivar la ley, obligando a los equipos técnicos de las carteras de Economía y Capital Humano a recalcular la distribución de las partidas presupuestarias para cumplir con lo dispuesto por el Poder Legislativo, en medio de un clima que sigue siendo de alta sensibilidad en los claustros de todo el país.