La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave para ordenar el desembarco de los sistemas de inteligencia artificial en las mesas de entradas y despachos de los tribunales. Mediante una resolución firmada por Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, las autoridades judiciales decidieron abrir los canales institucionales para que abogados, académicos y empleados de la administración pública puedan enviar sus propuestas. La ventana de recepción de sugerencias arrancó el 8 de junio y se va a extender exactamente por un mes, cerrando el próximo 8 de julio. El plan es procesar todas las ideas que lleguen y volcar un informe final con las conclusiones durante la última semana de agosto.
El objetivo central de este mecanismo es armar un protocolo de uso seguro que sirva como una guía de buenas prácticas. Aunque muchas dependencias ya usan de manera informal distintos programas para buscar antecedentes rápidos o para el armado de borradores, el borrador que se somete a discusión pública fija un límite infranqueable: el factor humano es insustituible. Se busca propiciar una integración que acelere el papeleo diario pero que resguarde bajo siete llaves las garantías ciudadanas, impidiendo que un algoritmo reemplace el criterio de los magistrados a la hora de resolver los conflictos de fondo.
De esta forma, las tareas operativas quedan completamente habilitadas para la automatización. El texto preliminar aclara que se puede usar la tecnología para organizar expedientes, manejar el calendario de audiencias, procesar datos estadísticos o medir el rendimiento de los juzgados. Sin embargo, prohíbe de manera tajante delegar el dictado de sentencias, la firma de medidas cautelares o el análisis sustancial de los casos en soportes digitales. La última palabra, la evaluación de las pruebas y el criterio legal de valoración de las causas tienen que quedar en manos de las personas que fueron designadas para administrar justicia.