El oficialismo tomó la decisión de frenar el debate en el Senado justo antes de que se abriera una discusión que amenazaba con complicar la situación de Manuel Adorni. La jornada estaba programada para avanzar con designaciones de magistrados y el debate sobre una normativa vinculada a los bienes privados impulsada por Federico Sturzenegger, que ya acumula varias postergaciones consecutivas. Sin embargo, la movida política cambió los planes por completo cuando el peronismo optó por vaciar las bancas argumentando desacuerdos en las condiciones de convocatoria.
Al notar el faltante de la oposición, Patricia Bullrich reaccionó con rapidez dentro de la sala y coordinó una retirada masiva de los legisladores oficialistas para evitar que el tablero marcara el número necesario para habilitar el tratamiento. Cumplido el tiempo de tolerancia estipulado, Bartolomé Abdala dio por concluido el intento de sesión. Esta maniobra generó suspicacias inmediatas entre bloques aliados como el de la Unión Cívica Radical y los representantes federales, quienes manifestaron su descontento señalando una supuesta parálisis de la agenda legislativa por conflictos ajenos a las prioridades nacionales.
La principal preocupación de la Casa Rosada era esquivar una embestida discursiva directa y ganar margen de maniobra. Previamente, Agustín Coto había convocado a un encuentro de la comisión de Asuntos Constitucionales para la semana entrante con el fin de canalizar allí los pedidos de citación al jefe de Gabinete, entre los cuales conviven las iniciativas de José Mayans y Martín Goerling. Con esta postergación técnica, el oficialismo logró patear el conflicto hacia adelante, mientras referentes opositores como Juliana Di Tullio acusaron públicamente a las fuerzas gubernamentales de esconderse para no dar respuestas ante la opinión pública.