El Gobierno nacional decidió avanzar con la oficialización de 46 designaciones de magistrados, validadas por las firmas de Javier Milei y Juan Bautista Mahiques, con el objetivo declarado de destrabar el funcionamiento de diversos juzgados federales y nacionales que arrastraban un largo freno administrativo. A la par de este movimiento masivo, el Poder Ejecutivo envió al Senado una nueva tanda que incluye 21 pliegos adicionales para continuar con la renovación de los despachos. Sin embargo, la atención de todo el arco político y judicial se concentró de inmediato en un casillero que quedó vacío de manera deliberada.
La polémica estalló al confirmarse que la Casa Rosada congeló y dejó fuera del decreto a María Verónica Michelli, quien ya contaba con la aprobación parlamentaria para asumir en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. El dato que sacudió los pasillos de los tribunales es el trasfondo familiar de la abogada, quien es pariente directa de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas de investigación más reconocidos del diario La Nación. Esta particularidad encendió las alarmas en los ámbitos judiciales y en los bloques de la oposición, donde no tardaron en calificar la exclusión de la postulante como una maniobra de castigo directo, vinculada al abierto malestar y la hostilidad que el mandatario suele manifestar de forma pública hacia los cronistas y medios de comunicación que mantienen una línea crítica frente a su gestión.
Desde el entorno oficial argumentaron que el Presidente hizo uso de una atribución constitucional indiscutible, señalando que el Ejecutivo tiene la potestad absoluta de resolver qué nombramientos rubrica y cuáles no, más allá de que los candidatos hayan obtenido previamente el visto bueno en el recinto del Senado. Esta decisión de último momento funcionó como una respuesta directa a la interna legislativa que se había desatado semanas atrás, cuando la bancada oficialista de la Cámara Alta desoyó el pedido de la Casa Rosada para retirar el pliego de Michelli y avanzó en su votación junto a sectores de la oposición dialoguista. Con este freno administrativo, el Gobierno no solo bloqueó la llegada de la abogada al tribunal platense, sino que dejó asentado un fuerte mensaje de autoridad en la puja por el control de las estructuras del Poder Judicial.