La reciente aprobación en Mar del Plata de la normativa que busca encuadrar el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte se presenta públicamente como un paso definitivo hacia la modernización y la legalidad. Sin embargo, cuando se rasca la superficie del texto que crea el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad, queda en evidencia que el anuncio oficial contrasta fuertemente con la realidad que enfrentarán los trabajadores. Bajo la promesa de ordenar el sistema, se esconden exigencias que terminan desvirtuando por completo la esencia de estas aplicaciones, transformando un mecanismo de ingresos rápidos y flexibilidad horaria en un laberinto de papeleos.
El punto más crítico de esta legislación es la obligatoriedad de contar con una licencia de conducir profesional categoría D1, emitida por General Pueyrredon, junto con un certificado de antecedentes penales de renovación anual y un seguro específico para el transporte oneroso de pasajeros. A esto se suma que los vehículos no pueden superar los 15 años de antigüedad y deben portar una identificación distintiva visible. Al imponer estas condiciones, la norma local se posiciona en un nivel de exigencia intermedio-alto a escala global. Mientras el modelo de Estados Unidos destaca por su flexibilidad al requerir un registro común y revisiones digitales básicas para fomentar el empleo, y la «Ley Uber» en Chile optó por una profesionalización con plazos de adaptación, Europa prefirió el bloqueo casi total mediante cupos estrictos. Mar del Plata eligió un camino intermedio que, lamentablemente, genera un efecto de «taxistización» del servicio en los papeles.
Esta burocratización atenta directamente contra el conductor ocasional, como el estudiante o el empleado que busca sumar unas pocas horas semanales para redondear el mes. El costo y el tiempo requeridos para tramitar una licencia profesional y un seguro comercial actúan como una barrera económica insostenible para quien no planea dedicarse a esto a tiempo completo. Además, la obligatoriedad de la oblea distintiva expone innecesariamente a los choferes a la fricción callejera con los sectores tradicionales que siempre resistieron la llegada de la tecnología. Si bien el cese de las persecuciones y los secuestros de vehículos representan un alivio, la realidad es que el municipio diseñó una estructura tan rígida que terminará achicando drásticamente la flota de autos disponibles, perjudicando a los usuarios y demostrando que la regulación anunciada es, en la práctica, una apertura a medias. La mdedida beneficia únicamente a los taxistas que ya vienen trabajando paralelamente con Uber.