A este panorama de rispideces internas se le sumó un frente mucho más complejo en el ámbito judicial, que pone un manto de duda sobre la transparencia patrimonial. El foco de la investigación se centra en Manuel Adorni, tras detectarse inconsistencias significativas en sus declaraciones de bienes. Los investigadores judiciales miran con desconfianza la justificación presentada sobre un notable incremento en su riqueza personal, el cual fue respaldado legalmente mediante supuestas operaciones y tenencias de criptomonedas. La falta de claridad y de documentación respaldatoria sólida sobre estos activos digitales encendió las alarmas en los tribunales, donde se busca determinar la legitimidad del origen de esos fondos.
La combinación de internas políticas y sospechas tribunalicias deja a Manuel Adorni en una posición sumamente frágil y comprometida de cara al resto del gabinete. Las explicaciones ofrecidas hasta el momento no lograron convencer al entorno judicial ni calmar los ánimos de sus propios compañeros de espacio, quienes temen que el costo político termine salpicando de forma directa la imagen pública del Poder Ejecutivo. Mientras los tribunales avanzan en el cruce de datos financieros para comprobar si existió un enriquecimiento injustificado, en los pasillos de la Casa Rosada la paciencia se agota y el futuro del funcionario queda condicionado al avance de la causa y al humor de Javier Milei.