El panorama para Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo de máxima tensión que complica seriamente su continuidad en la administración pública. En las últimas horas, el funcionario fue objeto de una nueva presentación en los tribunales federales, donde se lo acusa formalmente por presunta falsedad ideológica. Esta acción judicial se acopla al complejo escenario que ya venía enfrentando a raíz de las sucesivas rectificaciones de sus bienes, un tema que dinamitó la paciencia de los sectores políticos que solían tenderle puentes parlamentarios al Poder Ejecutivo en el Congreso.
La situación escaló a nivel político de manera drástica cuando el PRO decidió romper el silencio con una postura categórica que le quita cualquier tipo de red de contención institucional. A través de un pronunciamiento oficial de su mesa de conducción, el espacio liderado por Mauricio Macri calificó los hechos como «una falta grave» y dejó en claro que resulta inadmisible que alguien con altas responsabilidades asegure públicamente no haber escondido información para luego convalidar lo contrario ante los legisladores. Diversos referentes parlamentarios de ese partido directamente exigieron su alejamiento definitivo para evitar que las desprolijidades personales sigan limando el programa de reformas del oficialismo.
Mientras tanto, la presión legislativa no da tregua y ya se activaron los mecanismos institucionales para obligarlo a rendir cuentas en el Senado, un recinto que no visita para brindar informes de gestión desde hace casi un año. La oposición más dura aprovecha este tembladeral para empujar pedidos de remoción, argumentando que existió una abierta violación a las normativas de ética pública. Pese al marcado aislamiento que padece dentro del ecosistema de poder y al fuerte descontento social que se respira en los análisis digitales, el entorno presidencial más cerrado insiste en sostenerlo, estirando una pulseada que amenaza con paralizar la agenda del Gobierno.