El sistema de control vehicular en el país está sumando nuevos capítulos que muestran dos realidades completamente opuestas. Por un lado, la administración central busca patear el tablero y flexibilizar el trámite a nivel federal a través de un esquema de desregulación que rompería con los monopolios actuales. La intención oficial es abrir el juego para que los talleres mecánicos comunes y las concesionarias oficiales, siempre que cuenten con la habilitación correspondiente, puedan encargarse de las revisiones de autos y motos. Esto apunta a generar competencia y terminar con las demoras crónicas que sufren los usuarios.
La otra cara de la moneda se vive en el territorio bonaerense, puntualmente en localidades como Mar del Plata, donde el panorama actual genera un enorme malestar en el bolsillo de la gente. Los automovilistas locales se encuentran atrapados en un esquema burocrático complejo, con turnos que demandan esperas de más de una hora y tarifas que ya rozan los $100.000 para los vehículos particulares tradicionales. El humor social está caldeado, y muchos conductores consideran que el sistema vigente funciona más como una herramienta de recaudación que como una verdadera medida de seguridad vial.
Para colmo de males, el calendario de vencimientos atado al número de patente genera una gran confusión en la Provincia de Buenos Aires. Esta normativa provoca que, por descuidos o desajustes en las fechas, algunos titulares terminen abonando el control hasta dos veces en un mismo período anual. Entre el costo prohibitivo y las complicaciones operativas, el clima de rebeldía crece en las calles de La Feliz, donde ya se escuchan voces que evalúan directamente dejar de tramitar la credencial obligatoria y arriesgarse a circular en falta.