Una investigación judicial en los tribunales de San Isidro sacó a la luz una trama millonaria de supuestos retornos ilegales en el área de telecomunicaciones del Estado. A raíz del robo de materiales tecnológicos en un depósito de San Fernando, la justicia federal empezó a tirar del hilo y terminó allanando las propiedades de Facundo Leal, donde los agentes se encontraron con una sorpresa mayúscula: alrededor de 2,6 millones de dólares en efectivo y diversos estupefacientes. Las sospechas apuntan a que ese dinero proviene de contratos y prórrogas que se otorgaban a dedo y de manera irregular, salteándose los mecanismos de control que correspondían para este tipo de adjudicaciones públicas.
La hipótesis que manejan el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez es que se montaban concursos de precios ficticios donde las firmas que competían pertenecían en realidad al mismo grupo familiar. El volumen de los contratos bajo la lupa supera el millón novecientos mil dólares, un monto que se sospecha volvía en parte a los bolsillos de los exfuncionarios encargados de estampar la firma. En los pasillos de los tribunales ya se habla de una red de exmiembros de la gestión pública originarios de la región de Cuyo, cuyos teléfonos celulares se convirtieron en una mina de oro para la causa, repletos de mensajes de texto y audios de voz donde se coordinaban los pagos y los beneficios mutuos de manera explícita.
Las derivaciones del expediente rozan además al poder político actual y al sector corporativo, ya que se investigan los nexos de Facundo Leal con Leonardo Scatturice, un empresario muy cercano a las segundas líneas de la Casa Rosada. Este operador es conocido por haber adquirido la línea aérea Flybondi, una firma que atraviesa una crisis terminal con el peor récord de cancelaciones de vuelos a nivel internacional, al punto de que en el sector aerocomercial dan por hecho que dejará el transporte de pasajeros para reconvertirse en una compañía puramente de logística. Mientras los lazos comerciales se ramifican, la fiscalía ya avanzó formalmente pidiendo la declaración indagatoria de diez personas imputadas por defraudación al Estado, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.