El gobierno bonaerense intimó formalmente a Mercado Libre tras detectar una serie de conductas comerciales que perjudican a los usuarios. La gestión liderada por Axel Kicillof le dio un plazo de cinco días hábiles a la firma conducida por Marcos Galperin para que modifique sus términos y condiciones de uso. En caso de que la compañía tecnológica no dé marcha atrás con las exigencias impuestas en sus contratos de adhesión, se expondrá a una sanción económica que supera los 1.800 millones de pesos.
La medida se tomó a través del área de Defensa del Consumidor provincial, luego de una exhaustiva investigación (Augusto Costa recibió 2.400 denuncias de infracciones a la Ley del Consumidor) que sacó a la luz múltiples conductas señaladas como arbitrarias. Entre los puntos más cuestionados se encuentra la facultad que se autoasigna la plataforma para modificar de forma unilateral los precios, los costos de envío e incluso cancelar transacciones sin previo aviso ni justificación. Además, las autoridades objetaron que la empresa obligue a los compradores a renunciar a los tribunales de su lugar de residencia para dirimir cualquier conflicto legal, forzándolos a someterse exclusivamente a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
El conflicto administrativo escala en un contexto de altísima tensión política entre el mandatario provincial y el empresario, quien viene mostrando un alineamiento absoluto con el rumbo económico de la gestión nacional. Desde la administración provincial argumentaron que el gigante del comercio electrónico utiliza su posición dominante para trasladar todos los riesgos del negocio a los eslabones más débiles de la cadena, desprotegiendo tanto a los pequeños comerciantes como a los consumidores finales. Si la empresa no adecua sus cláusulas informáticas a las normativas de protección vigentes, la multa millonaria se ejecutará de manera directa.