En su último informe sectorial, los técnicos del organismo multilateral plantearon la urgencia de reconfigurar la matriz de recaudación nacional, poniendo la mira sobre los trabajadores independientes y los asalariados de ingresos medios. Esta postura choca de frente con las recientes flexibilizaciones y dispensas fiscales que el oficialismo otorgó a los grandes conglomerados empresariales del país, profundizando la brecha en el esfuerzo contributivo exigido a cada sector social.
El eje central del planteo técnico apunta a una reformulación integral del régimen simplificado. Según la entidad, las categorías actuales generan una distorsión impositiva sustancial frente al sistema general y limitan de forma artificial el crecimiento corporativo, por lo que sugieren unificar alícuotas y aportes previsionales con las escalas comunes. Este paquete de modificaciones prevé elevar la recaudación general hasta un 3,3% del Producto Bruto Interno, sirviendo además como el colchón necesario para amortiguar futuras mermas en los gravámenes vinculados a las exportaciones agrícolas y a las transacciones bancarias.
De manera complementaria, el informe elaborado bajo la conducción de Kristalina Georgieva aconseja retrotraer las exenciones en los haberes personales. La meta sugerida es reinstaurar un esquema similar al vigente en 2019, de modo que al menos el 20% de la masa laboral registrada vuelva a quedar alcanzada por las retenciones a los ingresos. El Palacio de Hacienda, bajo la órbita de Luis Caputo, analiza la viabilidad de estas transformaciones estructurales mientras intenta equilibrar las demandas externas de ajuste fiscal con un panorama social sensible y un entramado de empleo que descansa, en gran medida, sobre el sostenimiento de los pequeños cuentapropistas.