El debate por la entrega del patrimonio público a corporaciones transnacionales sumó un capítulo de enorme tensión en la Patagonia. Detrás del apuro institucional por avanzar en la privatización de una porción sustancial del Cerro Catedral se esconde la insistencia de Alberto Weretilneck. El mandatario provincial es sindicado como el verdadero motorizador de una iniciativa que busca delegar el control de este recurso estratégico, una maniobra que consolida una marcada tendencia a favorecer el desembarco de capitales extranjeros en tierras rionegrinas.
La propuesta genera fuertes cortocircuitos en la política barilochense. Aunque el oficialismo local intenta acelerar el trámite legislativo, el panorama numérico en el recinto se muestra adverso. De cara a la realización de la audiencia pública convocada para evaluar el proyecto, las voluntades dentro del cuerpo deliberativo local están fragmentadas y la gestión gubernamental todavía no cuenta con los apoyos necesarios para garantizar la sanción de la ordenanza. La resistencia vecinal y de diversos bloques opositores mantiene el desenlace bajo un manto de total incertidumbre.
Esta embestida no es un hecho aislado, sino que forma parte de un entramado más amplio de negocios. Versiones cada vez más sólidas asocian este mega desarrollo con firmas vinculadas al Emir de Qatar, profundizando los cuestionamientos hacia una administración provincial que prioriza las divisas de Medio Oriente por encima de la soberanía territorial. La polémica por el cerro se suma a previas denuncias que señalan facilidades otorgadas a los mismos inversores árabes para explotar recursos hídricos con fines energéticos, consolidando un marcado espíritu de privatización que margina las prioridades socioeconómicas de la población local.