La Cámara de Diputados de la Nación convalidó un fuerte recorte en los subsidios energéticos que impactará de lleno en las boletas de gas de millones de usuarios. La iniciativa, que altera el régimen de Zona Fría, avanza sobre un beneficio histórico y golpeará con dureza a diversas localidades de la provincia de Buenos Aires y a otras 14 jurisdicciones del país. El nuevo esquema busca achicar el gasto fiscal reduciendo los topes de consumo subsidiado, lo que derivará en aumentos de tarifas sustanciales justo a las puertas de los meses con temperaturas más bajas del año.

La sesión parlamentaria dejó al descubierto las prioridades políticas de algunos legisladores oficialistas y aliados, cuyas decisiones generaron indignación inmediata en sus distritos de origen. Juliana Santillán dio la nota al levantar la mano para convalidar la quita de estos fondos que resguardaban a Mar del Plata, la ciudad a la que pertenece. En una sintonía idéntica se movió Martín Yeza, quien con su voto afirmativo convalidó el hachazo presupuestario dándole la espalda a Tandil, la localidad que representa directamente en la Cámara Baja como Diputados por Buenos Aires.

El accionar de Santillán y Yeza expone una contradicción profunda en el funcionamiento de las instituciones. A diferencia de lo que ocurre en el Senado, donde los legisladores defienden los intereses de sus provincias y partidos, los diputados se deben al mandato directo de los ciudadanos que los votaron en su región. Sin embargo, ambos prefirieron alinearse de manera automática a las exigencias verticales planteadas por el Ejecutivo Nacional, priorizando la obediencia al rumbo fiscalista del Gobierno central por sobre el bolsillo de sus propios vecinos.

El mapa de como queda la provincia de Buenos Aires a partir de la votación que tuvo el apoyo de Santillán y Yeza.

De acuerdo con las estimaciones técnicas que circularon tras la media sanción, las modificaciones del régimen implicarán subas promedio de hasta un 150% en las facturas de los hogares residenciales que pierdan la cobertura total del beneficio. La reconfiguración de los topes mensuales dejará desprotegidas a amplias franjas de la clase media en regiones de inviernos muy crudos. La aprobación del proyecto abre un panorama complejo en los municipios afectados, donde los intendentes ya anticipan reclamos judiciales para frenar las nuevas tarifas.