La tensión entre los tribunales de Retiro y la Casa Rosada sumó un nuevo capítulo que sacude directamente al entorno más protegido de la secretaría general de la Presidencia. La fiscal federal Alejandra Mangano decidió abrir una investigación preliminar para revisar las condiciones de contratación, las funciones asignadas y los detalles administrativos del puesto que ocupa Andrea Juárez dentro de la estructura oficial. La medida se activó formalmente tras una presentación realizada por Marcela Pagano.
En los pasillos de Comodoro Py admiten que todavía no existen elementos contundentes para configurar un delito penal específico, por lo que la causa se maneja inicialmente como una averiguación de antecedentes. Sin embargo, los investigadores deslizan de forma subterránea que, de comprobarse la ausencia de tareas concretas o el uso de fondos públicos para fines exclusivamente particulares, la situación de Juárez podría encuadrarse en figuras como defraudación, malversación de caudales o peculado.
Más allá del recorrido jurídico que tenga el expediente, en el ambiente político se interpreta este avance sobre Juárez como un pase de facturas directo hacia Karina Milei. El malestar en un sector clave del poder judicial viene escalando desde que se definió que Juan Bautista Mahiques asumiera al frente de la cartera de Justicia, dejando de lado la opción de Guillermo Montenegro. Esa designación frustró las expectativas que se habían consolidado previamente durante una cena en el Palacio Duhau, un encuentro que sentó en la misma mesa a figuras de peso institucional como Ricardo Lorenzetti, María Servini y Ariel Lijo.
En los despachos gubernamentales no tardaron en trazar las conexiones familiares y políticas detrás de la notificación de la fiscalía. En Balcarce 50 recuerdan con suspicacia que Alejandra Mangano es hija de Alfredo Mangano, un histórico colaborador de la propia Servini. Este nuevo frente de conflicto se suma a las complicaciones que ya viene arrastrando Manuel Adorni en los tribunales, confirmando que los canales de diálogo entre el Ejecutivo y los magistrados de Retiro atraviesan su peor momento.