La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tomó la determinación de modificar por completo su estrategia en los tribunales respecto al Impuesto a las Ganancias en el sector previsional. A partir de una nueva directiva interna, el organismo recaudador dejará de apelar aquellos fallos judiciales que resulten favorables a las personas retiradas que exigen el cese de los descuentos de este gravamen sobre sus haberes. A los que no inicien demandas o aún no tengan fallo, les seguirán cobrando el impuesto.
El motivo principal de este giro radica en un intento por frenar los altos costos operativos y administrativos que le representan al Estado sostener litigios extensos. La Corte Suprema de Justicia viene rechazando sistemáticamente los planteos del fisco, basándose en la jurisprudencia que protege la capacidad económica y la vulnerabilidad de la clase pasiva. Por ende, las autoridades entendieron que carece de sentido financiero continuar costeando procesos judiciales que ya cuentan con un final previsible en el máximo tribunal.
En términos cotidianos, el impacto real de esta medida será el acortamiento definitivo de los tiempos de espera en los juicios. Los representantes legales de la entidad recaudadora podrán bajarse de las apelaciones tanto en la primera instancia como en la cámara, permitiendo que el beneficiario cobre su dinero íntegro de forma mucho más rápida. De todas maneras, es importante aclarar que esto no se traduce en un alivio automático para todo el mundo; aquellos que todavía no hayan iniciado acciones legales deberán evaluar su situación de manera particular, contemplando factores como la salud y el nivel de ingresos. Actualmente, cerca de 130 mil personas sufren retenciones por este impuesto, el cual afecta a quienes perciben sumas equivalentes a más de ocho jubilaciones mínimas, una cifra que hoy ronda los 3,1 millones de pesos.